Se trata de la culminación de un largo proceso iniciado en 2015 por el propio Consistorio y que hasta ahora no ha contado con la pertinente autorización.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, ha anunciado que el PSOE va a exigir “el cobro de infracciones urbanísticas que están pendientes de ingresar” y cuyo ingreso supondría “un alivio para las arcas municipales”.